El Consejo General de Colegio de Fisioterapeutas de España (CGCFE) realizó una encuesta el pasado mes de mayo entre todos sus colegiados sobre cómo ha afectado la COVID-19 a sus profesionales. Tras el análisis de los datos específicos de Castilla-La Mancha, el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla-La Mancha (COFICAM) extrae que el 96% de los encuestados se ha visto afectado en su ámbito laboral como fisioterapeuta por la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
Además, las consecuencias económicas de esta crisis serán notables para el 53% de los fisioterapeutas castellanomanchegos, con unas pérdidas estimadas de alrededor del 50% de la facturación anual. La gran mayoría de los afectados tiene una relación laboral por cuenta propia (56%); mientras que un 33% trabaja por cuenta ajena y el 7% declara pluriactividad.
En la encuesta se observa que el 55% cesó su actividad a lo largo de este periodo principalmente por la imposibilidad de acceder a material de protección individual para la atención de los pacientes (33%). Después de la bajada de clientes y la consiguiente reducción de facturación (22%). Para el 29% el cese de la actividad ha ido desde un mes a más de dos meses de duración.
“El impacto económico es evidente en el sector. Si se reduce el número de pacientes, se reduce el volumen de ingresos y es posible que se produzcan despidos”, afirma uno de los encuestados. Pero también es importante tener en cuenta que si no se actualiza la forma de trabajar “puede dar lugar a que repercuta en la salud de las personas”.
Respecto al lugar de trabajo, un 46% trabajan en su centro o clínica privada y un 44% realiza atención domiciliaria.
Solicitud de ayudas
La crisis de la COVID-19 ha afectado a los propietarios y empleados. El 46% declara haberse acogido a alguna ayuda por el cierre de la actividad, ya sea aplazamiento de pago de impuestos, ayudas autonómicas, moratoria de cuota de autónomos, ayuda por disminución de ingresos (menos del 75%). El 10% de los profesionales que no han solicitado el cese de su actividad se debe a que sólo han atendido urgencias.
“Uno de los reclamos de los profesionales es la necesidad de disponer de ayudas de las instituciones públicas. En ciertas ocasiones los fisioterapeutas están en un limbo legislativo”, señalan otro de los encuestados.
Respecto al lugar de trabajo, un 46% trabajan en su centro o clínica privada y un 44% realiza atención domiciliaria
El escrutinio también destaca el tema del uso y disponibilidad de los EPIS (Equipos de Protección Individual). Para los profesionales el uso de los EPIS “supone un tiempo y gasto extra que debemos asumir nosotros. En algunas ocasiones estos materiales tampoco son fáciles de encontrar”, indican algunos colegiados.
Mutuas y compañías de seguros
Otra de las conclusiones de la encuesta sobre la COVID-19 y los fisioterapeutas, es en relación a las mutuas y compañías de seguros. Las reivindicaciones en este asunto giran en torno al cambio de concepto. “Se debe aprovechar la situación por que si no se modifica el actual funcionamiento de las mutuas y compañías de trabajo de accidentes, no va a ser posible con las nuevas medidas mantener la totalidad de las plantillas”.
Para algunos encuestados ya no es posible la fisioterapia a volumen, la forma de trabajar es distinta. “Es un momento único para reivindicar tarifas justas”, concluyen.
